En la Argentina, los conflictos se suceden con vértigo. Apenas son visualizados, rápidamente son desplazados por otros asuntos, dramáticos, espectaculares o patéticos. En el camino, la Justicia con mayúsculas (no el Poder Judicial), paga un costo muy alto.
Nadie recuerda ya los edificios ocupados hace tres semanas en el Bajo Flores. Ayer, por enésima vez, el juez Luis Armella ordenó el desalojo, pero el Ministerio de Seguridad de la Nación no lo ejecuta y la Policía Metropolitana dice que no tiene efectivos suficientes para hacerlo. "Una cosa es no cumplir parcialmente una orden judicial, y otra, como ahora, desacatarla", dicen cerca de Armella.
El descontrol de la calle fue opacado por el desmadre de la política. En cuanto le avisaron el jueves último que el Centro de Información Judicial (CIJ) había publicado que un exhorto de la justicia suiza preguntaba por él y por su entorno, Moyano anunció un paro general, que parecía dirigido contra su aliada, la presidenta Cristina Kirchner.
Nunca se sabrá si Moyano reaccionó por indignación o si encontró en esa noticia la excusa para levantar la apuesta y los reclamos contra la Presidenta. Pero cuando ambos advirtieron que ese entredicho podía perjudicarlos, urdieron una tregua. Entonces, Moyano, en apenas 72 horas, acusó de "desestabilizadores", en forma sucesiva, al CIJ, que depende de la Corte; al Grupo Clarín y a otros enemigos imaginarios. Olvidó que la Corte no tiene interés en él y que los otros dos actores mantienen una pésima relación. También olvidó que, tratándose de una investigación de lavado de dinero, es posible que la Unidad de Información Financiera (UIF) termine siendo un mojón clave de la pesquisa.
El Gobierno, por su parte, no repara en la trascendencia de sus movimientos políticos.
Hace dos semanas, Ramón Saadi reveló públicamente que él había sido parte del triunfo de la fórmula kirchnerista que ganó en Catamarca y criticó el juicio seguido por el caso María Soledad Morales. Parecería que Saadi quiso arrancar una cuota de la imagen progresista del kirchnerismo.
Ahora se supo que el gobernador de La Rioja, el kirchnerista Beder Herrera, firmó un acuerdo con el menemismo para que el ex presidente Carlos Menem sea candidato a senador. ¿Está el Gobierno al tanto de eso? Por lo menos, aprovecha sus frutos. En efecto, el Poder Ejecutivo sigue necesitando el apoyo de Menem para imponerse en la Cámara alta, donde no le sobran muchos votos y, a cambio, está dispuesto a que Menem renueve sus fueros (inmunidades) y, de esa manera, pueda evitar la condena que le podría imponer un tribunal oral por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia. La historia amontona a algunos políticos.