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Continuará detenido hasta el juicio oral

José Pedraza será procesado y continuará detenido hasta el juicio oral. No importa cómo se mire el asunto, la jueza de instrucción Susana Wilma López parece encaminarse en esa dirección.

Sindicalista devenido empresario, actuó como dueño y conductor del gremio de los ferroviarios durante casi treinta años. Pero no puede tapar un homicidio que fue filmado por la televisión.

Anteayer, la jueza lo indagó como "instigador" del homicidio. Es cierto que era su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández, y no él mismo quien, durante el desarrollo de los desmanes, mantuvo contacto telefónico con varios delegados ferroviarios que estaban en el lugar del crimen. Pero Pedraza no hizo nada para frenar la emboscada.

En su contra hay otros indicios muy fuertes: están grabadas las conversaciones donde pide a la empresa Belgrano Cargas -su mujer es directora de la firma- que le entregue 75.000 dólares a un abogado para pagarle un soborno a un juez de la Cámara de Casación. ¿Por qué habría querido coimear a un juez si no temía por su propio futuro? Por otro lado, si un juez se animase a excarcelarlo, quedaría bajo sospecha de recibir sobornos.

La jueza López tiene 17 años en el cargo y mucho profesionalismo. En cuanto reunió las pruebas y lo localizó -la Policía Federal tuvo que interceptar sus llamadas, para localizar su domicilio en Puerto Madero-, lo detuvo. A diferencia de sus colegas federales, algunos jueces de instrucción dicen que no hay que sopesar los tiempos políticos ni demorarse. Por otro lado, el Gobierno estaba enterado de que se aproximaba el desenlace y no hizo nada para ayudar a Pedraza.

Pedraza respondió la larga indagatoria con explicaciones inconsistentes, dicen. Como instigador del homicidio, le correspondería la misma pena que al autor material: de 8 a 25 años. La jueza López, antes de detenerlo, merituó el peso de su decisión y no diluirá su significado con una excarcelación.

Pronto también habrá otra definición judicial: será alrededor del avión militar norteamericano que trajo armas al país para realizar un entrenamiento policial. En la causa que instruye el juez Marcelo Aguinsky ya declararon veinte funcionarios y la conclusión es inequívoca: los militares norteamericanos no incurrieron en contrabando.

Aguinsky declarará que no existió ese delito. Pero no será él quien pueda devolver las armas a Estados Unidos, pues queda en pie el sumario administrativo, que instruye la Aduana -que depende del Poder Ejecutivo-. Esa decisión sólo la podrá tomar la presidenta Cristina Kirchner.

Adrián Ventura

Jueves 24 de febrero de 2011

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