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El combate contra los monopolios

En la lógica kirchnerista, los poderes concentrados dejan de ser tales cuando caen en manos de amigos del Gobierno

Cuando la política se limita a ser una despiadada lucha por la acumulación de poder, establece una relación perversa con las ideas. En vez de facilitar la búsqueda del bien común, los argumentos y conceptos pierden su carácter impersonal y se ponen al servicio de la reducción del adversario. Los principios se convierten, de este modo, en coartadas, y cualquier debate queda envilecido.

El oficialismo kirchnerista ha cultivado como pocos este vicio, que consiste en seleccionar a un enemigo para, después, elegir la idea con la que se lo va a atacar o perseguir. Sin embargo, en pocos casos ese fraude intelectual ha sido más evidente que en su agresión al Grupo Clarín, que es un capítulo del plan general de sometimiento de la prensa independiente. Entre la amplia batería de instrumentos de los que el Gobierno se sirve en ese avance, uno de los más llamativos es la bandera de la libre competencia.

Hasta mediados de 2008, es decir, cinco años después de su llegada al poder, el matrimonio Kirchner no encontró objeción alguna al comportamiento comercial de Clarín. Al contrario, la empresa vio extendidas sus licencias de radiodifusión y aprobada una de sus principales iniciativas: la integración entre Multicanal y Cablevisión en el negocio de la TV por cable. En aquellos días de amistad, el presunto "monopolio Clarín" no era un monopolio a los ojos del matrimonio Kirchner.

Sin embargo, cuando su inexplicable guerra contra los productores agropecuarios recibió las objeciones de la prensa, entre ellas las de Clarín, los Kirchner descubrieron en sí mismos una inédita pasión por la libertad de los mercados, que los condujo de inmediato a identificar a ese multimedios con un monopolio. La derrota electoral de 2009 hizo que la retórica libreempresista se volviera más fervorosa, lo cual los llevó a promover, con la excusa de desregular los medios de comunicación, una ley que suprime los derechos de los concesionarios de radio y TV sobre sus licencias y habilita al Estado para la selección de contenidos que deben ver y escuchar las audiencias.

Es muy evidente que estas declamaciones a favor de la competencia enmascaran la vieja pretensión del kirchnerismo de dominar la vida pública sin control alguno. Basta con observar todo lo que han hecho los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner para impedir, con motivaciones de diversa naturaleza, el funcionamiento normal de los mercados.

El síntoma más ostensible de la poca vocación del oficialismo por garantizar el libre juego de la oferta y la demanda es su resistencia a constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia, previsto por una ley que data de 1999. En vez de establecer esa institución y garantizar su necesaria independencia, la Presidenta y su esposo dejaron el arbitraje del Estado en las manos del inescrupuloso secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a cuyos dictados suele obedecer la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Los criterios de este organismo para asegurar a los consumidores el acceso a una oferta diversificada de bienes y servicios han sido tan flexibles que muchos casos quedaron envueltos en sospechas. Se registraron en sectores muy diversos, como la producción y comercialización de bebidas, la panificación o el establecimiento de supermercados, por citar apenas algunos ejemplos.

La política de control de precios es otra demostración de que la prédica de los Kirchner a favor de la libertad de mercados es sólo otro antifaz. Además de romper los equilibrios entre la oferta y la demanda, la incapacidad del Estado para mantener esa vigilancia condujo al Gobierno a pactar con los sectores más concentrados del empresariado.

Las últimas novedades en materia de comercio son otra desmentida a la retórica oficial. La ministra Débora Giorgi, siguiendo los dictados de Moreno, resolvió limitar las importaciones de productos industriales, desde los autos hasta los electrónicos. Esa arbitrariedad pretende contrarrestar la veloz caída del superávit comercial de un "modelo productivo" que cada vez produce menos. Pero su efecto inmediato es que algunas empresas nacionales conseguirán más clientes o, en su defecto, podrán mantener precios elevados, sin mejorar la calidad de sus productos, gracias a que el Gobierno las puso a salvo de la competencia internacional.

La pasión antimonopólica del kirchnerismo presenta más rarezas. Por ejemplo, hay actividades frente a las cuales esa fiebre se reduce de inmediato. El negocio de los juegos de azar, en los que la presencia de Cristóbal López se ha extendido sin limitaciones durante los últimos años, es una de ellas. El caso de Aeropuertos Argentina 2000 es otra de ellas, ya que administran casi todas las estaciones aéreas argentinas. Gabriel Romero y su Hidrovía tampoco es, para el manual sobre competencia del kirchnerismo, un monopolio, aunque sea el único operador. Ambos servicios son los únicos que se salvaron de la pesificación de las tarifas y se siguen cobrando en dólares.

Del mismo modo, al gobierno nacional no parece preocuparlo el monopolio sindical para la negociación paritaria, ni mucho menos la suma de privilegios que se le facilitó al gremio camionero, liderado por Hugo Moyano.

El concepto de monopolio ha sido en algunas ocasiones una argucia para transferir a un grupo de amigos del poder las acciones de una gran empresa de servicios. Es lo que sucedió con Telecom, cuando a Telecom Italia se le exigió desprenderse de su participación, con el pretexto de que su controlante había sido adquirida en Europa por Telefónica. La operación fracasó. Esos cambios modificaron la definición oficial de "monopolio": los italianos, que debían vender su 50%, fueron autorizados a expandirse hasta el 58% de las acciones de la compañía.

No siempre la incoherencia del oficialismo se debe a su permisividad con la concentración económica. Hay oportunidades en las que, lejos de neutralizarla, la fomenta. Una de ellas es el transporte aéreo. Desde que Aerolíneas Argentinas volvió a ser administrada desde el Estado, todas las regulaciones sobre esa actividad -desde la fijación de tarifas hasta las que regulan los servicios de rampa- parecen destinadas a que esa compañía no pierda su posición dominante. Es el mismo modelo operativo que aplicó el secretario Moreno cuando se puso al frente de Papelera Quilmes (ex Papelera Massuh) en otra de sus muchas e infelices experiencias.

Estas desviaciones son mucho más que la manifestación de un espíritu arbitrario. Son la expresión de una concepción de la vida socioeconómica según la cual el mercado es una creación del Estado. Para esta forma de ver la producción, el comercio o los servicios, todos los empresarios son, en rigor, concesionarios del sector público que les asigna la porción de riqueza que les corresponde. Los criterios de esa asignación son diversos. Pueden obedecer a razones de favoritismo político, como sucede en la Rusia de Vladimir Putin, o, de manera más pintoresca, en la Venezuela de Hugo Chávez, donde el liderazgo autoritario se siente incompleto sin el acoplado de una burguesía complaciente. En muchos casos, la parcialidad del sector público beneficia a empresarios privados por una razón menos ambiciosa: la simple corrupción. Los funcionarios ayudan a incrementar la fortuna de determinados empresarios y éstos retribuyen el favor aumentando la fortuna de esos funcionarios. El kirchnerismo innovó poco también en este campo: esa ley suele estar en el origen de todos los monopolios.

Con un empresariado engendrado desde las oficinas del poder y un sindicalismo gestado del mismo modo, se podría cumplir el sueño de una economía fundada en un pacto corporativo administrado por el Estado.

Las consecuencias de estas deformaciones son funestas para la sociedad que las padece. Con la restricción a la competencia económica, mueren valores trascendentes. La prosperidad y el progreso ya no se deben al mérito, es decir, al trabajo, la creatividad y el riesgo de los emprendedores. La institución de la propiedad privada, que al cabo de 200 años de vida nacional ha florecido con tanta dificultad entre nosotros, también se ve amenazada: cuando el Estado se concibe a sí mismo como el principal creador de riqueza, es fácil que con el tiempo se sienta con derecho a socializar esa riqueza que creó.

Sin embargo, quienes pagan el precio más caro por esta administración cesarista de la economía somos los ciudadanos, en nuestra calidad de simples consumidores. El Estado, a través de regulaciones y subsidios, termina distorsionando la oferta de productos o servicios, favoreciendo monopolios y carteles o provocando el desabastecimiento. La capacidad de selección de los individuos se ve, en consecuencia, sacrificada. Por esta razón, no es una casualidad que un Gobierno que menosprecia en muchas de sus acciones la libertad, sólo vea monopolios en la prensa independiente.

Domingo 27 de febrero de 2011

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