Para los analistas políticos, el gran enigma por resolver este año es si el porcentaje de votos que obtendrá Cristina Kirchner le alcanzaría para ganar en primera vuelta, o si conducirá al ballottage al que aspira buena parte de la oposición. Para los analistas económicos, la incógnita pasa por otro porcentaje: cuánto aumentará el gasto público en 2011; un dato que, además de ser clave para las aspiraciones electorales del oficialismo, también lo es para proyectar el comportamiento de la economía y la inflación.
En algún punto ambos porcentajes se tocan (ya que su rango va de 35 a 45%). Pero en el caso del gasto primario (sin intereses de deuda) resulta verdaderamente impactante la cifra total: no baja del equivalente a US$ 110.000 millones anuales, parte del cual (alrededor de 16%) es distribuido discrecionalmente desde la Casa Rosada. Frente a semejante nivel, cualquier asignación parcial parecería poca plata. Desde los 500 millones de déficit anual de Aerolíneas Argentinas, hasta el millón y cuarto destinado a varios municipios de Catamarca que hoy deben elegir gobernador; o los 180 millones que reciben los clubes de la AFA por la televisación del fútbol "gratis" para todos. La percepción cambia si se consideran otras finalidades. A pesar de esta abundancia de gastos, hasta ahora no llega al 10% el cumplimiento de la ley que hace tres años estableció la doble escolaridad primaria en las escuelas públicas de todo el país.
Aunque no manejan encuestas, como los politólogos, los economistas tienen una certeza. El gobierno kirchnerista se manejó como si dispusiera de una tarjeta sin límite de gasto (público). Desde 2003, éste siempre creció por lo menos 25% de un año a otro, con notorios picos en las épocas preelectorales. El récord de aumento fue el 45% de 2007, cuando CFK accedió a la Presidencia. Este espectacular salto dejó secuelas: para no perder solvencia fiscal, en los meses subsiguientes el Gobierno debió echar mano a dos incrementos sucesivos de retenciones agrícolas y a la estatización del sistema de jubilación privada. En los años posteriores, los incrementos oscilaron entre 30 y 35% interanual y, pese a la mejora de la recaudación empujada por una inflación de dos dígitos, debieron ser financiados con recursos de la Anses y, además, con mayor emisión de pesos y con reservas del Banco Central para cubrir la vuelta del déficit fiscal. Otra vez volvió a funcionar la "maquinita", a costa de mayor inflación.
Con estos antecedentes, parece irrelevante que Cristina Kirchner se quejara días atrás de que el Congreso no le aprobó el presupuesto 2011. Si hubiera que atenerse a los números del proyecto oficial, el gasto crecería en este año electoral apenas 17%; o sea, la mitad de la suba de 2010. Ningún analista toma en serio esas cifras, como tampoco lo hace con las mediciones de precios del Indec. En realidad, ese cálculo presupuestario lleva otra marca registrada de la era K: subestima el alza de los ingresos fiscales (18,5%, frente al 35% de 2010) para distribuir -mediante DNU y superpoderes- los excedentes de recaudación sin pasar por el Congreso. También le faltó decir que a fin del año pasado amplió el gasto en $ 60.000 millones adicionales (unos US$ 15.000 millones), que elevan el nivel automáticamente prorrogado para 2011. Esta cifra, pese a su importancia, se ubica apenas por encima del monto total de subsidios indiscriminados a las tarifas de energía y transporte que -junto con los que otorgó la ex Oncca- superó los $ 55.000 millones en 2010 y treparía a 77.700 millones en 2011 (casi 20.000 millones de dólares), con un alza de 40 por ciento.
El uso intensivo del gasto como herramienta electoral puede advertirse además en su forma de presentación. La profusa propaganda oficial que acompaña la televisación del fútbol privilegia la cantidad de obras públicas, sin mención de su calidad ni si forman parte de un plan articulado. Seguramente todas tienden a cubrir necesidades insatisfechas de infraestructura. Pero no es lo mismo construir viviendas que resolver el déficit habitacional; ni edificar escuelas que mejorar la calidad educativa. A veces esa publicidad suele ser engañosa: nunca se habla de costos alternativos de las obras, como ocurre con la generación eléctrica, ni si son la mejor opción para resolver un problema, como las plantas regasificadoras de gas natural licuado (GNL), que se importa a precios cuatro a cinco veces más altos que producirlo localmente. Esta falta de transparencia en el gasto abarca a otras áreas: por ejemplo, los colectivos del área metropolitana llevan un cartel con la aclaración de que sus tarifas tienen subsidios parciales del Estado nacional. Pero resulta imposible determinar cómo se distribuyen, ni qué porcentaje cubren de gastos e inversiones. Un dato más que sugestivo es que, con las tarifas más bajas de la historia (un boleto mínimo cuesta la mitad de una vuelta de calesita porteña), muchas líneas de autotransporte se han reequipado y modernizado íntegramente y rara vez enfrentan conflictos laborales por salarios.
Proyecciones para 2011
Para calcular cuánto crecerá el gasto durante el año electoral en medio de la nebulosa presupuestaria, los analistas suelen plantear varios escenarios. El Estudio Broda elaboró tres hipótesis, con aumentos de 35%, 38,5% y 40% interanual respecto de 2010 y se inclina por la segunda como más probable. En este rango coincide la consultora Analytica, que prevé una suba no inferior a 38%. Así, el gasto primario se ubicaría en el orden de $ 450.000 millones (equivalentes a unos US$ 112.500 millones). A su vez, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estima también tres niveles (31, 35 y 40%) y sostiene que hasta el segundo el Gobierno tendría prácticamente asegurado el cierre financiero de este año. Más cerca o más allá de 40%, habrá problemas. Los tres estudios concuerdan con este punto y ubican a las necesidades en pesos a cubrir entre 35.000/44.000 millones, la mayor parte de las cuales provendrá de aportes del Banco Central, nueva deuda del Tesoro con la Anses y otras reparticiones del sector público. A ellas se suman obligaciones en dólares por alrededor de 12.000 millones, que se atenderían con nuevos préstamos de organismos multilaterales, refinanciación de Letes y el uso directo de reservas del Central, que el Gobierno ya utiliza como si fueran un recurso gratuito en reemplazo del ya inexistente superávit fiscal.
Con este esquema, según el Iaraf, el Central representará en 2011 más de 56% de las fuentes de financiamiento del sector público. Pero la consultora Finsoport agrega una señal de alerta: advierte que este año podría producirse un punto de inflexión en la acumulación de reservas, si persiste el deterioro del superávit comercial y la incertidumbre electoral reaviva la fuga de capitales. Todo el actual revuelo alrededor de las trabas a la importación tiene que ver con esto. Aunque el origen está en la política del Gobierno de aumentar el gasto como si no tuviera límites y aferrarse a los números del Indec para desentenderse de sus consecuencias inflacionarias.
Néstor O. Scibona
Para LA NACION
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